Ratifican decisión que prohíbe a controladores aéreos apoyar y promover huelgas

El Comité Nacional de la Aviación Civil (CONASAC), órgano colegiado estatal, responsable de coordinar las actividades de seguridad aeroportuaria y de la aviación civil, ratificó la prohibición a los servidores públicos de ese sector de “promover, iniciar o apoyar huelgas en los servicios públicos esenciales de control del tránsito aéreo”.

La decisión, adoptada mediante resolución, fue tomada durante una reunión celebrada a finales de junio, y notificada el pasado fin de semana a los organismos, agencias y entes del Estado del sistema aeronáutico, así como a los operadores de aeropuertos y del sector aéreo en general.

La ratificación de la prohibición, establecida en la Ley de Función Pública, se fundamenta en que cualquier interrupción en el servicio de tránsito aéreo puede poner en peligro la vida de los pasajeros y de otros ciudadanos, así como afectar la salud y seguridad ciudadana.

La resolución fue firmada por los organismos integrantes del CONASAC, encabezado por el mayor general Pedro Cáceres Chestaro, inspector general de las Fuerzas Armadas, en representación del teniente general Máximo Muñoz Delgado, ministro de Defensa y presidente de la entidad.

No obstante, la resolución reconoce el derecho del personal que presta servicio de control de tránsito aéreo, de someter “cualquier conflicto de trabajo que eventualmente se presente, a la consideración de la comisión de personal correspondiente”, según publica el IDAC en su página web.

Para emitir la resolución, el Comité tomó en cuenta la preocupación externada por sus miembros, a partir de recientes denuncias y amenazas de suspensión del servicio de tránsito aéreo, que de generarse, hubiese implicado la paralización de un servicio público esencial y un gran trastorno al transporte aéreo.

La resolución también está suscrita por el general paracaidista Miguel Paulino Espinal, subcomandante de la Fuerza Aérea, en representación del mayor general piloto Elvis Marcelino Feliz; el contralmirante Armada, Wilfredo Ortiz Báez, en representación del almirante Sigfrido Pared Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones; el mayor general Manuel Elpidio Castro Castillo, jefe de la Policía Nacional, entre otros.