Cierre del Gobierno en EEUU golpea actividades turísticas

Las consecuencias del cierre parcial del Gobierno en Estados Unidos, que comenzó por un desacuerdo sobre el muro con México y que podría prolongarse hasta 2019, ya se están dejando sentir en los turistas, los parques nacionales y en miles de funcionarios.

En Washington, los monumentos a los presidentes más célebres de EE.UU. -Abraham Lincoln, George Washington o Thomas Jefferson- se mantenían abiertos este domingo para sorpresa de algunos turistas, que temían encontrarse con vallas y carteles de “cerrado” como ocurrió en el cierre de Gobierno de 2013.

Ramila Shrestha, originaria de Nepal, explicó a Efe que se siente “feliz” de haber podido ver los monumentos a los presidentes, aunque le hubiera gustado visitar los jardines traseros de la Casa Blanca, que se encuentran cerrados por el cierre administrativo.

La Casa Blanca se ubica en un parque nacional y, actualmente, su centro de visitas se encuentra cerrado y tiene la luz apagada.

Los fondos para financiar los parques nacionales y para nueve ministerios expiraron la medianoche del viernes al sábado debido a un desacuerdo entre la oposición demócrata y el presidente de EE.UU., Donald Trump, que quiere que los presupuestos incluyan 5.000 millones de dólares para su muro con México.

La clausura es parcial porque tres cuartas partes del Gobierno -incluido el Pentágono- tienen fondos hasta septiembre de 2019, de manera que el impacto es menor que en otras ocasiones.

No obstante, algunos parques nacionales de EE.UU. han tenido que cerrar sus puertas, aunque otros permanecen abiertos parcialmente, puesto que los centros de información y los aseos están bajo llave y, además, no hay servicios de mantenimiento ni de recolección de basura.

El cierre afecta a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales de EE.UU., que dejarán de recibir su sueldo, aunque lo recuperarán cuando se apruebe un presupuesto.

De esos funcionarios, 380.000 deben quedarse en casa hasta que se reabra el Gobierno; mientras que los 420.000 restantes deben acudir a trabajar porque están considerados como personal “esencial”, denominación que incluye a los trabajadores de los aeropuertos y funcionarios de prisiones, entre otros.