“Retirar fondos a Higüey de golpe podría representar un golpe a la zona turística”

Ante la propuesta de elevar a municipio el Distrito Turístico Verón–Punta Cana, la voz jurídica del Ayuntamiento de Higüey emerge como una perspectiva distinta en este debate en la provincia La Altagracia.

Manuel Alejandro Chevalier Rijo, director del Departamento Legal de la Alcaldía de Higüey, más allá de la legalidad planteó una reflexión sobre justicia distributiva, planificación estratégica y el papel vital que desempeña Higüey como ciudad soporte de la principal industria turística del país.

*—Desde la perspectiva jurídica del Ayuntamiento de Higüey, ¿Cuáles son los principales argumentos legales o administrativos que podrían justificar una posición cautelosa ante la conversión de Verón–Punta Cana en municipio?

La realidad es que, si analizamos desde el punto de vista de los requisitos legales, no hay objeción legal para la elevación de categoría del distrito municipal Bávaro–Verón–Punta Cana (…), pero el debate es más profundo.

Lo que reivindica Higüey es justicia social. La explosión demográfica experimentada por la ciudad cabecera tiene una única responsable: la industria del turismo desarrollada en nuestras playas.

Pasamos, en dos décadas, de tener algo más de 60,000 habitantes a tener hoy cerca de medio millón. Esta gente, en su amplia mayoría, es la clase obrera de la industria turística y genera una cantidad exorbitante de demandas en servicios municipales.

Los higüeyanos, por elección, han supuesto un cambio radical en la vida de la ciudad de Salvaleón de Higüey: tapones a todas horas, somos la tercera zona del país que más basura genera, y así los asentamientos humanos no paran.

Los terrenos de la periferia, todos convertidos en barrios. Te podría exponer docenas de servicios municipales que requiere esta población, que, sin los recursos que se generan en la zona turística, supondría un colapso en ellos.

*—Algunos sectores señalan que una eventual separación impactaría negativamente las finanzas del municipio cabecera. ¿Se ha realizado algún estudio o proyección interna sobre cómo afectaría esta posible escisión en la capacidad operativa y presupuestaria de Higüey?

Las estimaciones del equipo de finanzas de la Alcaldía suponen que la reducción presupuestaria sería cerca del 40 % del presupuesto del cabildo local. Sería un golpe con eminente repercusión inmediata y a largo plazo. Afectaría directamente los servicios públicos que se ofrecen desde la alcaldía.

*—Verón–Punta Cana alega falta de acceso a oficinas estatales y autonomía para planificar su crecimiento. ¿Considera que estos problemas podrían resolverse sin necesidad de convertir el distrito en municipio, quizás mediante descentralización interna o reformas administrativas?

Evidentemente que ser elevado a municipio no supone un avance en este aspecto. Hay fórmulas y vías para ayudar a la demarcación turística a planificar su crecimiento y urbanismo.

Yo, particularmente, pienso que esa zona supone una importancia vital para la vida nacional, y tratarla como un territorio ordinario ha sido el error histórico.

Bávaro–Verón–Punta Cana debe dársele tratamiento de territorio especial, con normas adaptadas a sus necesidades y a sus características particulares, que son muy diferentes a cualquier otra municipalidad del país.

Cabe recordar que la zona no solo debe ofrecer una ciudad a los habitantes y residentes, sino también a los más de seis millones de visitantes al año, enfatizó a Diario Libre.

*—¿Qué postura sostiene el Ayuntamiento de Higüey frente a una posible transición negociada?

Te voy a responder con una posición personal, sin comprometer la posición acabada de la institución que represento.

Desde el vínculo que existe en Higüey, como ciudad dormitorio de la masa obrera de la industria turística, y conjugando lo especial e importante que es la zona para la vida nacional, yo pienso que lo idóneo para que ambas municipalidades funcionen es pactar una transición solidaria, en donde Higüey disponga de un tiempo para identificar y preparar las fuentes de riqueza de donde deberá necesariamente suplir la pérdida de los recursos que llegan de la zona turística.

Somos de opinión que retirar los fondos a Higüey de golpe podría suponer un daño también a la zona turística, en la medida en que Higüey no pueda ofrecer servicios municipales básicos. Los asentamientos humanos podrían crecer en la zona turística, y eso evidentemente no conviene a la industria.

*—¿Existe la voluntad de sentarse en una mesa técnica y política para construir un proceso ordenado que beneficie a ambas partes sin comprometer la estabilidad de la provincia La Altagracia?

Claro, el compromiso de la alcaldesa Karina Aristy y de su equipo es que ambas municipalidades sigan aportando al funcionamientode la provincia y del país.

Estamos conscientes de que este tipo de crisis genera dudas en la inversión extranjera y, por ende, supone un daño a la economía. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y pactar, no los recursos de las alcaldías en cuestión, sino a pactar el futuro de Higüey y de la zona turística.