Iván Barona entregó aval y confirma su interés en adquirir Mexicana de Aviación

Tal parece que la situación legal de Mexicana de Aviación pica y se extiende, luego de publicarse que solo dos inversionistas estaban en capacidad para apostar y que un tercero fue descartado, se conoció la noticia de que Med Atlántica podría interponer una denuncia contra Grupo Fides por no haber presentado toda la documentación requerida.

Hasta ahí, todo va bien, esos serian los dos inversionistas que estarían en capacidad de pujar por la empresa; pero hoy se ha conocido que el empresario minero Iván Barona, del grupo BF International Mining Traders, entregó el último requisito que fue solicitado por la jueza rectora del concurso mercantil del caso Mexicana de Aviación.

Este documento es el equivalente a la acreditación de la capacidad financiera del empresario, unos US$150 millones avalan que Barona puede hacerse de los activos de Mexicana de Aviación, y garantiza su permanencia en la puja por la aerolínea hasta que se defina cuál de los postores se queda con la aerolínea.

Iván Barona, concedió una entrevista para El Economista en donde detalló que fueron presentados ante la jueza encargada del proceso dos documentos para justificar su capacidad cada uno por US$150 millones, y quedaron a la espera de que les sea asignada una cuenta bancaria para depositar la totalidad de recursos que requiere la empresa para su rescate financiero.

“El documento ya fue aceptado por la jueza, estuvo en tiempo como parte del proceso, y ya no tienen mucho para dónde hacerse”, comentó.

Precisó, no quedan alternativas ni pretextos para concluir el rescate de la aerolínea, que lleva dos años en tierra. “Si me rechazan en esta ocasión es porque no quieren que se descubra la manera en la que pretendían quebrar a Mexicana”.

Al salir del juzgado donde hizo el depósito del documento que exigía la juzgadora encargada del proceso, había un grupo de trabajadores de tierra de la aerolínea para brindarle su apoyo. De acuerdo con Barona, su modelo de negocios implica contratación de la mayoría de los 8,500 trabajadores, así como una flota de 100 aviones, que se incorporarían de manera gradual.

El pasado 28 de diciembre, el inversionista solicitó más tiempo, con el argumento de la falta de información financiera, petición que le fue negada por la jueza Edith Alarcón y dio paso a abrir la convocatoria a todo inversionista interesado.